Habitantes del municipio de Charcas, zona minera por excelencia y con un largo historial de afectaciones y conflictos por dicha actividad, denunciaron que la serranía de su municipio está siendo amenazada por minería irregular. Acusan la remoción y extracción de material pétreo rico en fluorita de grado cerámico por parte de una organización que se hace llamar “Minera Las Lupitas” sin realizar manifestación de impacto ambiental ni tener permiso alguno para su aprovechamiento. Los afectados pidieron el poyo de Guardianes de la Sierra para difundir su queja.

“Minera Las Lupitas” se encuentra al noroeste de la comunidad de Lajas 1 y su famoso cañón homónimo donde ha sido nicho de importantes descubrimientos paleontológicos como fósiles marinos de hace unos 140 millones de años y piezas óseas de mastodontes de hace unos 25 mil años. Trabajan sobre un viejo yacimiento abandonado por Industrial Minera México (IMMSA) hace cerca de 50 años y ha sido retomada la explotación del área en los últimos 5 años. Ahora están abriendo otro punto de extracción cerca de las coordenadas 23°18'04.0"N y 101°07'59.8"W en un cerro conocido como Los Caballos o Mesa de los Caballos y, el pueblo dice “¡Ya No Más!”, cansados de ver el ecosistema y el paisaje deteriorarse día a día señalan que "los mismos de siempre se enriquecen a expensas de los recursos de otros", así mismo temen la contaminación por mercurio pues también hay yacimientos del mismo en estas minas abandonadas.

Antes y después

El ejido y aledaños señalan a una excandidata a la presidencia municipal de Charcas por parte del Partido Encuentro Social (PES) y contadora de Pétreos Santa Argelia que junto a su familia son los presuntos involucrados en la realización dichas obras en el territorio. La acusan por jactarse de "tener conexiones con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Protección Civil del Estado (PCE), por lo que no recurre a realizar las obras conforme la ley lo señala" ya que, según mencionan, “no pueden hacerle nada”. "Si con esa actitud no respeta la ley, menos lo hace respetando la biodiversidad de una de las serranías mejor conservadas del municipio misma que es hogar exclusivo del Encino Oloroso (Quercus Charcasana), fenómeno conocido como "microendemismo", es decir, especies que tienen una distribución extremadamente limitada, concentradas en una zona muy pequeña y específica.

El Encino Oloroso es una especie que no se encuentra en la NOM-059-SEMARNAT-20104 y próxima 20255, sin embargo, según su criterio de asignación a las categorías de riesgo pues se incluye como vía directa para su inclusión como “En Peligro de Extinción” cuando en las características de la distribución geográfica, el área de distribución sea menor o igual a 1 km2, como es el caso con éste encino o roble; eso además de muchas otras especies nativas y también protegidas por la mencionada norma, como el caso del Sotol (Dasylirion acrotrichum) -especie endémica y amenazada-, Biznaga Cabuchera (Ferocactus pilosus) y Biznaga Borrachita (Ferocactus histrix), ambas especies endémicas y bajo protección especial. 

Al ser una zona boscosa y montañosa en medio del Altiplano potosino, presenta las características similares a una isla, conocidas como "islas de montaña", que son, para la flora y fauna, refugios montaños y boscosos en medio de grandes extensiones de territorio completamente diferente; por así decirlo, son "islas húmedas" entre mares de gobernadoras, palmas y mezquiteras extradesérticas; éstas mismas “islas” de encinos y chaparrales son en gran medida las responsables de la acumulación de nubes en la región y de la captación de agua al manto freático, con evidencias palpables en la zona si visitan la Cueva Azul, una cavidad cercana a la comunidad de Lajas cuyo origen kárstico -paisaje o terreno formado por la disolución de rocas solubles como la caliza debido a la acción erosiva del agua-, funciona como un drenaje natural.

Los comuneros y ejidatarios instan a las autoridades estatales de la Secretaría de Gestión Ambiental (SEGAM) se coordinen con la SEMARNAT y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para detener este ecocidio y que se repare por el daño causado, ya que sus denuncias -acusan- "vuelven oídos sordos a la presidencia municipal".