El gobierno de Estados UnidoS sancionó este martes al exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su cuñado, a quienes señaló por presuntos vínculos con una red de corrupción ligada al Cártel de Sinaloa (CDS) y con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, líder de 'Los Rusos', una facción de 'Los Mayos' en Mexicali.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EU incluyó a Carlos Alberto Torres Torres y Luis Alfonso Torres Torres entre las 21 personas sancionadas, junto con 25 empresas que estarían relacionadas con 'Los Mayos'.

De acuerdo con el comunicado, los hermanos Torres "en el centro de este esquema de narco-corrupción" que facilita las operaciones del grupo criminal 'Los Rusos' en los municipios del norte que colindan con EU.

El gobierno estadounidense asegura que "Carlos Torres utiliza su influencia política para facilitar las actividades del cártel y proteger al Cártel de Sinaloa de la intervención gubernamental y de las fuerzas de seguridad en Baja California".

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Según la OFAC, el exesposo de Marina del Pilar también habría recibido pagos mensuales para permitir que el CDS operara con impunidad en la entidad. Mientras que, su hermano Luis Alfonso Torres, sería el encargado de recibir esos sobornos y lavar los recursos a través de empresas y campañas políticas.

Las medidas también alcanzaron al exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, por sus presuntos nexos con "El Ruso" tras ser acusado de recibir sobornos para ceder el control de la Policía Municipal al CDS a cambio de facilitar el tráfico de drogas y permitir operativos contra facciones rivales.

El informe sostiene que "Carlos Torres también recibía pagos mensuales de Mendivil para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con relativa impunidad en el estado. Luis Torres era el encargado de recibir esos sobornos y lavar los recursos ilícitos".

Además, la lista involucra a Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario cercano a Carlos Torres, y a quien la OFAC señala como cercano a José Ángel Rivera Zazueta, presunto integrante del CDS, por haber aprovechado sus contactos políticos para favorecer las actividades de este último a cambio de sobornos.

Las autoridades de EU también sancionaron a Diosvany Samuel Chapotín Villalba por tráfico de cocaína, metanfetaminas y otras drogas, además de lavar dinero del narcotráfico.

La sanción a los hermanos Torres es parte de un golpe más amplio contra 'Los Mayos' en el estado, donde el gobierno estadounidense también apunta a Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, al que identifica como líder del CDS.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que "la acción de hoy demuestra que ningún jefe de cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano o facilitador financiero está fuera del alcance de las facultades del Tesoro. Nuestro mensaje es claro: la administración Trump identificará y desarticulará a cualquier actor del narcotráfico que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”, añadió.

Como resultado de las sanciones, "todos los bienes e intereses de las personas y empresas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados". Además, las instituciones financieras y personas que realicen determinadas transacciones con los sancionados podrían enfrentar sanciones secundarias.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó el rastreo de las cuentas de las cuarenta y seis personas y empresas incluidas hoy en la lista negra de EU.

A partir de esa revisión, la dependencia federal identificó transacciones sospechosas y reportes de anomalías emitidos por las instituciones bancarias respecto a algunos de los señalados, por lo que decidió activar protocolos de intervención preventiva.

La autoridad financiera ingresó a los 46 involucrados a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), un recurso administrativo con el que busca blindar la integridad del sistema bancario en el país.

Hacienda aclaró en un comunicado que "la inclusión en la LPB no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna, sino una acción preventiva adoptada en el contexto de la designación y los señalamientos realizados por la OFAC".

También mencionó que cuentan con los medios de defensa previstos en la Ley, entre ellos la garantía de audiencia, así como la posibilidad de presentar los recursos administrativos y jurisdiccionales que consideren procedentes.