La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respaldó se realice una investigación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve mexicanos acusados por el Gobierno de Estados Unidos pero siempre que se presenten pruebas, esto "bajo el principio de verdad, justicia y defensa de la soberanía”, expresó en varias ocasiones.

La mandataria agregó: "No debe haber una detención sin pruebas fehacientes y contundentes. La SRE dijo que en el documento de la corte de Estados Unidos no están, pero ahí no pueden investigar. Corresponde a la Fiscalía General de la República juzgar bajo el principio del sistema penal acusatorio de México. De proceder, primero sería un desafuero, pero todo bajo el estado de derecho. Yo debo defender las leyes, la Constitución y la soberanía. ¿Qué pensarían otras naciones si nosotros investigáramos o juzgáramos a sus autoridades en funciones?, preguntó y consideró que "lo sucedido ayer no tiene precedente".

La presidenta Sheinbaum recordó que algo similar sucedió con el caso del General Salvador Cienfuegos Zepeda que en el sexenio de AMLO fue regresado a México por falta de argumentos jurídicos. "Antes que nada son las pruebas. La Fiscalía debe actuar con base en nuestra legislación y nuestra jurisdicción" reiteró y dijo que el caso de la investigación de los agentes de la CIA en Chihuahua también continúa. Consideró que es grave la estigmatización que se hace de los sinaloenses y "merecen respeto porque Sinaloa es el  granero de México", exigió.

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De este modo, La presidenta Sheinbaum advirtió que, de hallarse las pruebas suficientes para imputar un delito a quien resulte responsable, se debe actuar en consecuencia; sin embargo, de no haber los elementos suficientes para declarar culpables, el tema se presumiría como un asunto político.

Sheinbaum hizo un reclamo por el papel de la Embajada de Estados Unidos en México: "Un embajador no puede tener una actitud injerencista. Debe haber colaboración y respeto. Que cada quien lo califique (Ronald D. Johnson) pero hoy sus palabras en Sinaloa toman una relevancia distinta frente a lo que pasó ayer", indicó.

Como se recordará, el pasado 26 de abril, Johnson advirtió que toda corrupción que facilite el crimen organizado será investigada y procesada en todos los casos donde aplique la jurisdicción de EE. UU. Adelantó que Donald Trump pondría en marcha una campaña anticorrupción dirigida contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados al crimen organizado.

Johnson detalló que la ofensiva podría ir más allá de la revocación de visados e incluir acusaciones federales contra políticos mexicanos. Luego de las declaraciones del embajador de Estados Unidos se dio a conocer que al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, le fue retirada su Visa y luego vino la acusación de por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa (CDS).

Periodistas que han analizado el tema de la narcopolítica como Anabel Hernández han advertido que lo sucedido ayer con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es el principio del fin de la 4T porque "EE.UU lo acusa de narco". 

Posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Al pueblo de México. El 28 de abril por la noche la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 documentos solicitando la detención provisional con fines de extradición para 10 ciudadanos mexicanos.

El 29 de abril la misma Secretaría de Acuerdo con el Marco Normativo Vigente turnó la información recibida a la Fiscalía General de la República para la evaluación de dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana. El miércoles 29 de abril al mediodía el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América para el Distrito Sur de Nueva York hizo público el levantamiento de cargos contra 10 ciudadanos mexicanos entre los que se encuentra el gobernador en funciones de Sinaloa, el senador por Sinaloa y el alcalde de Culiacán. Anexo a esta acusación publicó un documento denominado en español acusación de reemplazo bajo reserva.

Esto lleva un extrañamiento del jurídico de relaciones exteriores, dado que estos procesos son confidenciales acorde con los tratados en la materia. Ayer por la tarde la Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que establece lo siguiente. Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicadas en la materia, es obligación de la Fiscalía, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y en su caso sobre la viabilidad de la solicitud.

De manera paralela, la Fiscalía General de la República señaló que iniciará una investigación para llegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la eventualidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión. La propia Fiscalía General de la República estableció que la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión, se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito. Desde que asumí la presidencia de México, juré hacer respetar la Constitución y las leyes.

Asimismo, asumí el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional. México es un país grandioso, con un pueblo generoso y trabajador. México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo.

Como Presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía. Es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentre elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción. Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia.

Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Debe quedar sumamente claro, bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México.

Verdad, justicia y defensa de la soberanía.