Los lineamientos para la defensa de los derechos de las audiencias que el gobierno federal sometió a consulta pública han generado múltiples críticas de organizaciones civiles, periodistas y representantes de la industria de la radio y la televisión, quienes advirtieron riesgos para la libertad de expresión y cuestionaron el alcance de la propuesta.

Bajo la bandera de defender a las audiencias, los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación (4T) buscan constituirse en un "tribunal de la verdad" para decidir, según sus propios intereses, qué información es veraz y objetiva, advirtió Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 frente al nuevo proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.

Este proyecto, impulsado por el Gobierno Federal a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), se encuentra actualmente en periodo de consulta pública. La presidenta Claudia Sheinbaum negó ayer que los lineamientos que están siendo sometidos a consulta pública para regular el derecho de las audiencias tengan la intención de censurar, aclaró que lo que se busca es que las audiencias de radio y televisión tengan un lugar donde se puedan quejar y enfatizó que esta figura será nombrada por la propia empresa.

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En entrevista con Reforma, el activista Leopoldo Maldonado, recientemente nombrado 'Relator Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y de Expresión', señaló que los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, sometidos a consulta pública por el Gobierno federal, colocan a México a la par de países autocráticos como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Sudán, Malasia y Tailandia.

Maldonado afirmó que detrás de la propuesta dada a conocer este lunes por la presidenta Claudia Sheinbaum existe una clara voluntad censora. La medida, dijo, forma parte de una escalada sistemática de presión y hostigamiento hacia la prensa que inició con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la sección "Quién es quién en las mentiras", y que continúa en la actual administración con espacios como "Infodemia" y "Derecho de Réplica".

El trasfondo, alertó, es que el Estado pretende arrogarse el papel de árbitro de la verdad periodística, atentando de forma directa contra el derecho de la ciudadanía a recibir información plural, variada y con rigor objetivo. Aunado a esto, las sanciones prevén multas económicas desproporcionadas de hasta el 1 por ciento de los ingresos acumulables anuales de las empresas de comunicación. De acuerdo con Maldonado, este castigo financiero resulta suficiente para doblegar a los concesionarios e incentivar una política de autocensura y control editorial en favor de la línea oficial.

-¿Consideras que estos lineamientos pueden restringir la libertad de expresión?

Es un planteamiento muy preocupante porque provienen de un organismo del Ejecutivo federal (Comisión Reguladora de Telecomunicaciones); reiteramos nuestra posición de que no cuenta con las mínimas condiciones de independencia e imparcialidad. Pero, suponiendo que lo fuera, la materia y la forma en que pretenden regular es alarmante.

Sobre todo en el artículo 12, el cual establece que los concesionarios de radio y televisión no pueden emitir información descontextualizada o falsa, ni presentar hechos pasados como presentes. Ahí surge la duda: ¿quién definirá cuándo la información no es verídica o no está verificada? El propio Gobierno federal.

La Ley de Telecomunicaciones sólo ordena a los concesionarios crear la figura del defensor de las audiencias y un código de ética. Sin embargo, estos lineamientos introducen un procedimiento no previsto en la ley: cualquier persona que sienta que no recibe información veraz u objetiva puede quejarse ante el defensor y, si se inconforma, acudir a una instancia superior: la CRT.

En los hechos, erigen a esta Comisión como un tribunal de la verdad y un verificador de noticias, y ya vimos que esas experiencias no acaban bien. Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se han hecho esfuerzos de supuesto fact-checking que terminaron mal -recordemos Quién es quién en las mentiras, Infodemia y ahora la sección de Derecho de Réplica-.

Parten de la premisa equivocada de que el Estado puede decretar qué es verdad y qué es mentira. Antes estigmatizaban y descalificaban; ahora podrán aplicar sanciones desproporcionadas. Solo con la entrada en vigor de estas normas, podemos prever un efecto inhibitorio o de autocensura.

-¿Estarían los medios con la daga sobre el cuello?

Por supuesto, y no es necesario que sancionen a nadie. Al momento en que entren en vigor con estas deficiencias, los propios dueños de los medios se van a alinear. Nadie querrá pagar una multa que puede ir del 0.1 al 1 por ciento de sus ingresos anuales acumulables. Esto genera una censura indirecta: sin necesidad de presión explícita del Gobierno, la sola vigencia del reglamento bastará para que las líneas editoriales se ajusten a los intereses del oficialismo.

-¿En alguna otra parte del mundo existen legislaciones de este tipo?

Sí, pero no en contextos precisamente democráticos. Bajo el pretexto del combate al terrorismo, la desinformación o la protección de la infancia -objetivos en apariencia legítimos-, se termina instrumentalizando la norma para censurar. Ocurre en Venezuela, Nicaragua y Cuba, pero también en Sudán, Malasia y Tailandia. Nuestros referentes con marcos regulatorios similares no son democráticos; utilizan una causa noble con intenciones censoras.

-Con estos antecedentes, ¿los lineamientos esconden una voluntad censora?

Nos parece que sí y, desafortunadamente, generan una falsa disyuntiva entre libertad de expresión y derechos de las audiencias. Revelan una falta de comprensión sobre la complejidad de la libertad de expresión, que entraña el derecho a buscar y difundir información, pero también a recibirla. Instrumentalizando los derechos de las audiencias, el resultado final será perjudicarlas: no tendrán medios plurales ni información veraz, sólo la que el Gobierno autorice o no sancione.

-En los gobiernos democráticos, ¿cómo funcionan estos derechos?

Hay mecanismos muy variados. La mayoría de los sistemas democráticos apuestan por la autorregulación en radio y televisión -sacando de esta ecuación redes sociales y plataformas, que responden a otra lógica-. Los medios tradicionales cuentan con la posibilidad de autorregularse o con asociaciones que realizan revisiones éticas de casos específicos, como en Inglaterra; es decir, una supervisión horizontal entre iguales, no el Gobierno metiéndose en los contenidos. Hay formas mucho menos agresivas e intrusivas pero, desafortunadamente, este tipo de lineamientos nos colocan del lado de los países autocráticos.

Principales Riesgos y Críticas de Artículo 19 sobre el polémico proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias:

• Tribunal de la verdad estatal: Maldonado advierte que el Poder Ejecutivo pretende convertirse en un "árbitro o tribunal de la verdad" al arrogarse la facultad de calificar qué información periodística es verdadera o falsa. 
• Visos de censura e inconstitucionalidad: El proyecto dota a la CRT de facultades excesivas que no contempla la Ley de Telecomunicaciones, tales como iniciar de oficio procedimientos de sanción contra los medios de comunicación. Según Maldonado, esto se asemeja a las medidas punitivas utilizadas por regímenes autocráticos para perseguir a la prensa crítica.
• Riesgo de autocensura: Los lineamientos abren una "zona gris" sobre quién definirá los límites entre opinión e información informativa. Esto, sumado a la amenaza de multas desproporcionadas (que podrían alcanzar hasta el 1% de los ingresos anuales acumulables de las empresas de comunicación), forzaría a los concesionarios y periodistas a autocensurarse para evitar la asfixia financiera. 
• Control de la narrativa: Normas del proyecto, como la prohibición de difundir información histórica como si fuera actual, son interpretadas por  Artículo 19 como un intento burdo del régimen por controlar la narrativa y blindarse de críticas.

Para Marco Clavel Alessio Robles, coordinador del programa 'Ecosistema Informativo y Tecnológico de Artículo 19', las medidas no son compatibles con un Estado democrático y los derechos de las audiencias no deben utilizarse para restringir la libre circulación de información.

"La realidad es que obviamente tienen sus derechos, y tienen sus mecanismos y deben de ser protegidos estos derechos, pero nunca deben de ser a expensas de la libre circulación de información y mucho menos clasificando qué es una opinión y qué no”, señaló.

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El especialista consideró que uno de los puntos más preocupantes de la propuesta es la regulación sobre la difusión de información histórica en contextos actuales, al estimar que los lineamientos no precisan en qué casos podría considerarse descontextualizada. A su juicio, ello podría limitar la exposición de antecedentes relacionados con violaciones a derechos humanos o con el historial de obras públicas.

"La realidad es que el Estado no puede decirnos qué es lo que debe de considerarse verdad y tampoco puede restringir de forma previa el contenido y las ideas que se van a circular. La gente tiene derecho a consumir las cosas tal y como se presentan”, señaló.

Clavel sostuvo que, si el objetivo es regular determinados discursos, los cambios deberían realizarse en legislaciones específicas y no mediante lineamientos de aplicación general. Como ejemplo, señaló que asuntos como la propaganda electoral, la discriminación o el derecho de réplica cuentan con marcos legales propios que podrían fortalecerse sin afectar el ejercicio de la libertad de expresión. Asimismo, consideró que cualquier modificación debe preservar la independencia de los poderes del Estado y los mecanismos de pesos y contrapesos.

"En los últimos años, cada vez hemos perdido estos pesos y contrapesos que van de la mano con un tema de independencia”, criticó Marco Clavel.