Con 23 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó hoy la derogación de la llamada 'Ley Serrano', al eliminar por unanimidad las disposiciones del Código Penal que castigaban “el uso indebido de la Inteligencia Artificial (IA) para provocar alarma social” que durante meses fueron cuestionadas por organizaciones civiles, periodistas y organismos defensores de derechos humanos por su posible impacto en la libertad de expresión.

Sin intervenciones de los legisladores, el Pleno avaló el dictamen que deja sin efecto la reforma penal aprobada por la propia LXIV en diciembre de 2025 que fue impulsada y defendida por el diputado Héctor Serrano Cortés, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Ningún grupo parlamentario fijó postura durante la sesión extraordinaria y la votación se realizó de manera directa mediante el sistema electrónico.

El legislador y coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM destacó que con la derogación de diversos artículos al Código Penal del Estado en materia de IA, se abre paso a una nueva ruta para el análisis de este tema, como también lo ha reiterado el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

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Legisladores han planteado que a partir de septiembre se realicen mesas de trabajo con especialistas, universidades, periodistas y organizaciones civiles para analizar una nueva regulación sobre IA que proteja a las víctimas de manipulaciones digitales sin criminalizar la libertad de expresión.

El 16 de julio de 2026, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona  firmó y entregó un documento al Congreso argumentando la necesidad de dar marcha atrás debido a la presión social y las acusaciones de que la ley vulneraba la libertad de expresión.

La propuesta derogación de cuatro artículos (artículo 187 ter, 272, 272 Bis y 272 ter) se publicó el pasado lunes 27 de julio en la Gaceta parlamentaria del Congreso local y los integrantes de la comisión de Justicia aprobaron la propuesta que hoy fue votada a favor.

Aunque se eliminaron las penas de cárcel, la propuesta del gobernador Gallardo abrió un nuevo debate, ya que planteó la creación de una nueva legislación consensuada y un 'Padrón Estatal de Medios' para regular el derecho de réplica y combatir portales falsos, lo cual sigue bajo observación de periodistas y defensores de derechos humanos.

Esto se suma al debate nacional en la materia luego de quela presidenta Claudia Sheinbaum propuso abrir a debate público los nuevos lineamientos de los derechos de las audiencias, aclarando firmemente que no existe intencionalidad de censurar a los medios de comunicación. Organizaciones civiles, periodistas y representantes de la industria de la radio y la televisión han advertido sobre los riesgos para la libertad de expresión y cuestionaron el alcance de la propuesta.

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Ejes de la propuesta en consulta:

• Defensor de las audiencias obligatorio: Las estaciones de radio, televisión y plataformas digitales deberán contar con un defensor designado por la propia empresa. Esta figura recibirá las quejas del público cuando se considere que la información difundida no es verídica. 
• Proceso de autorregulación: El objetivo principal, según el Ejecutivo, es fomentar que los medios diferencien con claridad la opinión de la información. 
• Inclusión y accesibilidad: Se estipula el uso obligatorio de herramientas como el subtitulado oculto (closed caption) y la Lengua de Señas Mexicana. 
• Protección a infancias: Se endurecen las restricciones de contenidos y publicidad en horarios aptos para todo público.

El punto del debate: Las multas y la CRT:

El núcleo de la discusión —y lo que la presidenta ha puesto bajo el foco del debate público— es el mecanismo de sanción:

1. Si una persona no queda conforme con la resolución del Defensor de las Audiencias de un medio, podrá recurrir a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
2. La CRT (un órgano dependiente de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones bajo el control del Poder Ejecutivo) tendrá la facultad de evaluar el caso y aplicar sanciones económicas.
3. Organismos como la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) han manifestado su preocupación, advirtiendo que la ambigüedad en los criterios de verdad o falsedad gubernamental podría derivar en discrecionalidad y autocensura.