El Gobierno del Estado informó que obtuvo el sobreseimiento del juicio de amparo promovido por el Lic. José Guadalupe Durón Santillán, ex funcionario estatal, para mantener, como privilegio particular, tres accesos colindantes de su propiedad para el ingreso directo al parque Tangamanga II que mantenía en uso desde el año de 1973.
Como parte del expediente 1470/2022-III-A, el Juzgado 2° de Distrito en el Estado determinó que el demandante no demostró tener un derecho legítimo de paso y constituido a su favor, por lo que se validó la clausura de los tres accesos al parque Tangamanga II, con lo que las y los potosinos recuperan este espacio para el sano esparcimiento y el disfrute de actividades de recreación como lo ha dispuesto el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
El juez de la causa determinó dentro de su sentencia emitida el pasado 14 de noviembre que el quejoso no demostró de forma alguna que haya adquirido legalmente los accesos por tres puertas al Tangamanga II, que es propiedad de todas y todos los potosinos, ya que no exhibió el título que justificara su derecho a hacer uso privado de dichos accesos.
Con esta medida, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, reiteró su compromiso e interés por hacer valer las leyes y muestra el despegue en la protección del patrimonio estatal, con acciones concretas que impidan que los particulares o, como en este caso, exfuncionarios estatales, hagan mal uso de privilegios que se les otorgaron en el llamado periodo de la "herencia maldita".

Como se recordará, José Guadalupe Durón Santillán, es el propietario de una finca ubicada al interior del Parque Tangamanga II y afirmó que se defendería en respuesta al anuncio del gobernador Ricardo Gallardo Cardona que había afirmado que su administración recuperaría los accesos privados de dicha finca.

En ese entonces Gallardo señaló que las dos hectáreas de la propiedad se encuentran en el Tangamanga II y afirmó que fue adquirida de forma impune por los “ex secretarios” de pasadas administraciones, por lo que su gobierno buscaría recuperar por medios legales el terreno o al menos bloquear las vialidades del parque que utilizan los propietarios, lo cual ya le fue autorizado por la autoridad competente.