El Sindicato Nacional de Renovación de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) realizará este viernes 31 de octubre un "paro de labores  y de brazos caídos”  en protesta a la destitución masiva de trabajadores de la institución con la llegada de nuevos juzgadores.

Además, reclaman falta de insumos necesarios para trabajar como impresoras, material de papelería e incluso agua.

En un comunicado, la agrupación integrada por unos 22 mil trabajadores, anunció la protesta y pidió la comprensión de la ciudadanía por la suspensión de actividades del Poder Judicial de la Federación que paralizarían trámites y solo se mantendrán “guardias” para lo más urgente

La reforma señala que los juzgadores cesados o que declinaron su candidatura “serán acreedoras al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado y de veinte días de salario por cada año de servicio prestado”.

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“Con motivo de la grave carencia de insumos esenciales para el desempeño de las funciones jurisdiccionales, tales como impresoras, hojas, papelería y el suministro del liquido vital (agua), servicio de comedores, sustitución de las plazas de los puestos que fueron desocupados por los funcionaros que fueron electos por voto popular; el cese al despido masivo a servidores públicos, así como la falta de cumplimiento en el incremento salarial anual; el pago del aumento retroactivo correspondiente al mismo, cuya entrega ha sido reiteradamente comprometida por el Órgano de Administración Judicial sin resultados a la fecha”, acusan

Por ello, anunciaron, este Sindicato ha determinado la suspensión total de labores de brazos caídos en los órganos jurisdiccionales de todo el país este viernes 31 de octubre de 2025.

Ello significa que se suspenderán todas las actividades en las sedes judiciales y administrativas del país. Solo permanecerán operativos los servicios de guardia para atender casos estrictamente urgentes, a fin de proteger los derechos fundamentales de las personas.

A través de un comunicado, el sindicato explicó que esta decisión busca defender las condiciones laborales dignas y el funcionamiento institucional de la justicia federal, luego de que las autoridades administrativas no garantizaron los recursos mínimos indispensables para el trabajo diario de jueces y trabajadores judiciales.

El sindicato fundamentó su decisión en el artículo 123, apartado B, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y otras disposiciones aplicables en materia de seguridad y dignidad laboral.

El sindicato reiteró su disposición al diálogo y llamó al Órgano de Administración Judicial a cumplir con los compromisos salariales y administrativos pendientes, para evitar la prolongación del paro.

Los agremiados aseveran que no es posible mantener la operación judicial sin los materiales necesarios ni un reconocimiento justo al esfuerzo de las y los trabajadores que sostienen la impartición de justicia federal.