Por Edgardo Pérez Alvelais

"El mundo no nos ha sido heredado por nuestros padres,

nos ha sido prestado por nuestros hijos"

Proverbio indio americano

El lado oscuro de la Zona Industrial

Lo que el pasado fin de semana ocurrió en El Jaralito no fue un accidente. Es la consecuencia lógica —casi matemática— de años de permisividad, omisión y simulación en torno al manejo de residuos industriales en la Zona Industrial de San Luis Potosí que el alcalde Enrique Galindo Ceballos ha decidido intervenir.

Tan es así, que el edil capitalino inmediatamente tomó acción en cuanto tuvo conocimiento de la denuncia de habitantes de dicha localidad perteneciente a la Delegación La Pila que, desesperados, se acercaron a Ajedrez Político SLP para denunciar que choferes de tráilers que transportan desechos estaban tirando basura industrial en un predio cercano y temían que dichos residuos, muchas veces peligrosos, afectaran su salud y contaminaran los mantos freáticos.

Siguiendo el consejo de la máxima popular "Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar", luego del descomunal incendio en PROESA, empresa de plásticos que dejó pérdidas por alrededor de 100 millones de pesos, se intensificaron las labores de limpieza de desechos que dejan los procesos de producción en fábricas cercanas. 

Existe la sospecha de que las empresas de la Zona Industrial pagan un servicio que recoge sus desechos para dejarlos en sitios adecuados, pero muchas veces, ante la actual coyuntura por frecuentes incendios, están acelerando el proceso para que no les clausuren sus instalaciones. En esa urgencia muchas veces llegan vivales, que se hacen pasar como empleados de empresas serias, para hacer dicho servicio.

A pesar que les pagan fuertes cantidades de dinero para deshacerse del problema, muchas veces ellos, en lugar de ir a un sitio adecuado y pagar lo correspondiente, tiran los desechos en terrenos baldíos -como en el caso de El Jaralito-, generando contaminación ambiental y peligro para la población.

El pasado viernes 10 tal anomalía fue visualizada por pobladores que diariamente transitan por ahí que, inmediatamente, buscaron denunciarla y notificar a las autoridades de la Secretaría Estatal de Ecología (Segam) para que tomara cartas en el asunto. En la dependencia estatal, que se supone es parte de un "gobierno ecologista", donde escurrieron el bulto y solo les dijeron que enviaran un correo electrónico a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Eso pasa cuando no se toma en serio la importancia que deben tener dichas instancias y son entregadas como premios de consolación política.

Los quejosos pidieron la intervención inmediata de las autoridades de Protección Civil y demandaron la ayuda del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y del alcalde Enrique Galindo Ceballos para frenar el tiradero que no solo puede contaminar agua, tierra y aire en la demarcación, sino que también podría generar ahí otro siniestro porque hay vidrios que hacen un efecto lupa que enciende la maleza seca y las toneladas de desechos plásticos como ocurrió con la empresa de polímeros.

Luego entonces, en un operativo conjunto, el sábado 11 de abril fue detenida una persona en flagrancia por tirar residuos de forma ilegal, misma que fue puesta en disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP). Por instrucciones de Galindo, el Gobierno de la Capital intervino y refuerza acciones para proteger la salud y el medio ambiente de los capitalinos.

La historia no empieza con el incendio reciente. Viene de atrás. De riachuelos contaminados que nadie limpió. De recicladoras clausuradas que evidenciaron un ecosistema de operación irregular. De inspecciones que llegaron tarde o que simplemente nunca arribaron. De autoridades que vigilan en papel, pero no en territorio.

Y entonces pasa lo inevitable: una crisis industrial —como el incendio en Polímeros Nacionales— que deja toneladas de residuos que deben manejarse bajo protocolos estrictos, costosos y vigilados. ¿Qué ocurre cuando ese sistema no funciona o cuando alguien decide ahorrarse dinero? Lo que hoy denuncian los habitantes: los desechos no desaparecen… se desplazan. Y casi siempre terminan donde hay menos ojos, menos poder y menos consecuencias.

El patrón es viejo y perverso: el costo ambiental se externaliza hacia las periferias. Hacia comunidades como El Jaralito, pero hay muchas otras donde los tráileres descargan lo que nadie quiere asumir. Ahí, en terrenos baldíos, sin control, sin aislamiento, sin estudios, sin nada. La ecuación es brutalmente simple: lo que una empresa no quiere pagar, lo paga la gente con su salud. Es el lado oscuro de la Zona Industrial.

No se trata solo de montones de plástico. Se trata de lo que esos materiales liberan partículas finas, compuestos tóxicos, filtraciones que no se ven pero que terminan en los mantos acuíferos. Se trata del riesgo de incendios secundarios —porque el plástico acumulado es combustible— y de la normalización de un modelo donde contaminar sale barato y denunciar sale caro.

Porque hay otro dato que no debe pasar desapercibido: los vecinos denuncian con miedo a represalias. Con temor a señalar y a quedar expuestos frente a intereses que, en muchos casos, operan con la tranquilidad que da la impunidad. Ese espanto también es parte del problema. Es la señal más clara de que el Estado no está presente como debería.

Aquí no hay espacio para la ingenuidad. Si los residuos están llegando ahí, alguien los está llevando. Si alguien los está transportando, alguien los contrató. Y si alguien los contrató, hay una cadena de responsabilidad perfectamente rastreable. La pregunta no es si se puede investigar. La pregunta es si se quiere y hay volultad política para ello. Y el momento actual marca un punto de quiebre.

Si las autoridades —ambientales, municipales, estatales y federales— actúan con seriedad, el camino es claro: inspección inmediata de predio de este tipo, caracterización de los residuos, aseguramiento de los sitios, detención de descargas ilegales y, sobre todo, identificación de empresas y transportistas responsables. Después vendrá lo que casi nunca llega: sanciones reales y remediación ambiental.

Pero si la respuesta vuelve a ser lenta, tibia o burocrática, el desenlace también es predecible: El Jaralito y otras localidades se convertirán en otros puntos rojos en el mapa invisible de la contaminación industrial de México. Un basurero clandestino más. Uno de tantos que existen porque el sistema permite que existan.

La disposición inadecuada de residuos industriales provoca la filtración de químicos tóxicos hacia el suelo y mantos acuíferos, afectando la calidad del agua y la fertilidad de la tierra. En muchas ocasiones la basura industrial contiene desechos peligrosos que incluyen materiales con características CRETIB (corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables o biológico-infecciosos), como aceites, disolventes, metales pesados y químicos.

Además de la amenaza atmosférica, muchos de estos sitios sufren incendios que pueden durar días, liberando gases tóxicos y partículas que deterioran gravemente la calidad del aire, con un impacto en la salud de la población. Vivir cerca de estos focos de infección incrementa el riesgo de enfermedades como cáncer, tifoidea, salmonelosis, cólera y padecimientos transmitidos por vectores (mosquitos) como el dengue.

Este no es un problema técnico. Es un problema de voluntad. México no carece de leyes ambientales. Carece de consecuencias. Y mientras contaminar siga siendo más barato que cumplir, y mientras tirar residuos en comunidades vulnerables siga siendo una opción viable, historias como esta se repetirán una y otra vez. El Jaralito hoy no está pidiendo un favor. Está encendiendo una alerta. En esta ocasión el llamado fue atendido por el alcalde Galindo pero se requiere la participación y acción conjunta de los tres niveles de gobierno para hacer un frente común de contención, actuación y sanción contra los criminales ambientales.

Simultáneas:

- No olvidar la historia. Las y los potosinos debemos recordar lo que el filósofo español George Santayana nos enseñó con su obra La vida de la razón (1905): "Quien no conoce su historia está condenado a repetirla". El célebre aforismo significa que ignorar los errores, lecciones y triunfos del pasado nos lleva a cometer las mismas equivocaciones en el presente. No se nos debe olvidar el caso Metalclad vs. México (ARB(AF)/97/1) que fue uno de los litigios internacionales más emblemáticos relacionados con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el estado de San Luis Potosí. Se centró en la clausura de un confinamiento de residuos peligrosos en el municipio de Guadalcázar. En la década de los 90, la estadounidense Metalclad Corporation adquirió la mexicana COTERIN para operar un confinamiento de desechos industriales en el sitio conocido como "La Pedrera". A pesar de contar con permisos federales, el gobierno municipal de Guadalcázar y el gobierno estatal de San Luis Potosí se opusieron al proyecto debido a preocupaciones ambientales y presión social.
- La Demanda y el Arbitraje. En 1997, Metalclad presentó una demanda contra el Estado mexicano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), bajo el Mecanismo Complementario del Capítulo XI del TLCAN. La empresa argumentó que el decreto emitido por el gobernador Horacio Sánchez Unzueta que declaró la zona como "Reserva Ecológica" constituía una expropiación de su inversión. Metalclad alegó que el gobierno mexicano no garantizó un marco legal transparente y estable para su inversión.
Laudo Arbitral (2000): El tribunal falló a favor de Metalclad, determinando que México violó sus obligaciones y ordenó el pago de una indemnización inicial de $16.685 millones de dólares.
Gob MX
Gob MX
+1
Resolución Final
México impugnó el laudo ante la Suprema Corte de Columbia Británica, Canadá, logrando que se desecharan algunas partes de la sentencia. Finalmente, en octubre de 2001, ambas partes firmaron un convenio:
Gob MX
Gob MX
+2
México pagó una indemnización definitiva de $16,002,433 dólares.
La propiedad del inmueble en Guadalcázar fue transferida al gobierno federal mexicano.
Gob MX
Gob MX
Impacto
Este caso sentó un precedente histórico sobre cómo los acuerdos comerciales internacionales pueden limitar la capacidad de los gobiernos locales y estatales para implementar regulaciones ambientales si estas afectan inversiones extranjeras.

 

• I. T

• T. Y

• C. T

¡Hasta el próximo lunes!

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