PERIODISMO BAJO FUEGO
Por Edgardo Pérez Alvelais
“No se mata la verdad matando periodistas”
Artículo 19
Periodismo bajo fuego
Siete periodistas han sido asesinados en México solo durante los primeros 7 meses del año 2026, sumando un total de 19 crímenes letales contra comunicadores que han sido denunciados y documentados por organizaciones civiles desde el inicio de la administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Los datos reflejan una crisis de violencia que afecta de manera directa a la prensa local en distintas regiones del país.
Decíamos que En lo que va del gobierno de la presidenta Sheinbaum, 19 periodistas y comunicadores han sido asesinados en México, de acuerdo con un cruce de información elaborado a partir de los registros de Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Los casos, ocurridos entre octubre de 2024, cuando comenzó la actual administración, y julio de 2026, se suman a un escenario de persistentes riesgos para el ejercicio periodístico en el país.
Los casos más recientes han ocurrido en este mes de julio. El día 16 fue asesinado en San Martín Texmelucan, Puebla, Josué Martínez Contreras, maestro, abogado y director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan. Seis días después, ayer miércoles 22, fue asesinado en San Pablo Etla, Oaxaca, Francisco Alejandro Leyva Aguilar, quien tenía un espacio informativo llamado El Zumbido del Moscardón, había encabezado la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y participó en diversos medios de comunicación.
El registro se da en un contexto en el que distintas organizaciones en defensa de la libertad de expresión mantienen alertas sobre las condiciones que vive la prensa en México. La Campaña Emblema de Prensa ubicó al país como el tercero con más periodistas asesinados en el mundo durante 2025, solo por detrás de Gaza y Yemen, pese a no encontrarse en un conflicto armado.
En su más reciente informe regional, Artículo 19 advirtió que la violencia contra la prensa no solo persiste, sino que ha adoptado nuevas formas. La organización registró 451 agresiones contra periodistas en 2025, además de siete asesinatos en posible relación a su labor, una desaparición y al menos ocho tentativas de homicidio.
Los 19 casos documentados durante la administración de Claudia Sheinbaum se distribuyen en Veracruz y Guerrero, con tres asesinatos cada uno; Michoacán, Guanajuato y Puebla, con dos casos por entidad; y Estado de México, Tabasco, Sonora, Quintana Roo, Durango, Nuevo León y Oaxaca, con un caso cada uno. Los hechos corresponden a periodistas, comunicadores y creadores de contenido dedicados a la cobertura informativa.
El primer caso ocurrió el 29 de octubre de 2024, con el asesinato de Mauricio Cruz Solís en Uruapan, Michoacán. Era director de Radiorama Noticias, Minuto X Minuto y conductor de noticieros en Primera Plana MX. Un día después, también en Uruapan, fue asesinada Patricia Ramírez González, conocida como "Paty Bunbury", colaboradora de la Revista Hechos Espectáculo. En enero de 2025 fueron asesinados Calletano de Jesús Guerrero, subdirector del portal Global México, en Teoloyucan, Estado de México, y Alejandro Gallegos, columnista de Tabasco HOY y administrador de La Voz del Pueblo, Noticias sin Censura, cuyo cuerpo fue localizado en Tabasco tras haber sido reportado como desaparecido.
En marzo de 2025 fueron asesinados Kristian Uriel Martínez Zavala, fundador y director de El Silaoense MX, en Guanajuato, y Raúl Irán Villarreal Belmont, director del medio digital Observatorio Ciudadano, en San Luis de la Paz, Guanajuato. En mayo, en Acapulco, fue asesinado José Carlos González Herrera conocido como “El Fénix” y responsable de la página informativa El Guerrero, Opinión Ciudadana. Un mes después, el 23 de junio, fue asesinado Salomón Ordoñez Miranda, administrador del medio digital Shalom Cuetzalan Producciones y fotógrafo independiente, en Cuetzalan, Puebla.
Durante julio de 2025 se registraron cuatro casos más. El día 7 fue asesinado en Ciudad Obregón, Sonora, Ángel Sevilla, director del medio digital Noticias 644. Ese mismo día fue localizado sin vida en Cozumel, Quintana Roo, Melvin García, periodista y escritor. El 9 de julio fue asesinado en Acapulco, Guerrero, Ronald Paz Pedro, quien difundía información sobre seguridad, denuncias ciudadanas y presuntos actos de corrupción a través de plataformas digitales. En octubre de ese año también fue hallado sin vida en Durango Miguel Ángel Beltrán Martínez, periodista con trayectoria en medios locales como La Voz de Durango y Contexto.
En 2026, el 8 de enero, fue asesinado en Poza Rica, Veracruz, Carlos Leonardo Ramírez Castro, conocido como Carlos Castro, periodista independiente especializado en temas de seguridad. El 18 de marzo fue asesinado en García, Nuevo León, Juan David Gámez, creador del proyecto digital Táctica SS, dedicado a informar sobre seguridad y vialidad en la zona metropolitana de Monterrey.
En junio de 2026 se documentaron tres casos. El 2 de junio fue privada de la libertad en Nanchital, Veracruz, Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste; un mes después, la Fiscalía estatal confirmó la identidad de sus restos. El 11 de junio murió tras un ataque armado Luis Ángel López Valdez, reportero de Vanguardia de Veracruz y director de Reportaje Policiaco Veracruzano. El 22 de junio fue localizado sin vida en Zihuatanejo, Guerrero, Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido como “Alex Serna”, periodista de investigación, creador de contenido y activista ambiental, quien previamente había sido reportado como desaparecido.
En este contexto, a principios de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los periodistas que consideren estar en una situación de riesgo a acercarse a la Secretaría de Gobernación para acceder a los mecanismos de protección disponibles.
El pronunciamiento ocurrió al ser cuestionada sobre el caso de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, quien fue privada de la libertad el 2 de junio en su domicilio en Veracruz y cuyo asesinato forma parte de los 19 casos documentados durante la actual administración.
“Lamentablemente ocurrió este hecho para la periodista Roxana y lo que se hace es trabajar para detener a los responsables y pedirle a los periodistas que tienen alguna circunstancia en la que piensen que están en riesgo, acercarse a la Secretaría de Gobernación”, afirmó la mandataria.
La potosina Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob, debe actuar y proteger realmente a los comunicadores bajo amenaza y más que ella misma fue periodista de profesión antes de dedicarse por completo al servicio público. Ella es egresada de la 'Escuela de Periodismo Carlos Septién García', una de las instituciones más reconocidas de México en la materia y se desempeñó como reportera en importantes medios de comunicación como La Jornada, El Universal y Televisa Radio. Ni como titular de la Seguridad en México con AMLO ni como encargada de la política interna con Sheinbaum ha logrado frenar los asesinatos de comunicadores ni exigir justicia frente a los altos niveles de impunidad. Si esto continúa así, Sheinbaum superará la letal cifra de 47 periodistas ultimados en el sexenio anterior.
Matar a un periodista es atentar directamente contra el derecho de la sociedad a estar informada. Cuando se silencia una voz de la prensa por la fuerza, el daño real no se limita al individuo afectado; se censura de manera colectiva la verdad y se restringe la libertad de expresión ciudadana. Eliminar al informante cancela la posibilidad de fiscalizar los abusos del poder público y privado. El miedo infundido mediante agresiones genera autocensura colectiva y vacíos de información en regiones enteras.
El debilitamiento de la fiscalización periodística fomenta la corrupción sin consecuencias. Sin datos contrastados ni reportajes rigurosos, los ciudadanos pierden los insumos necesarios para tomar decisiones democráticas libres. El periodismo funciona como el canal y altavoz que expone la realidad social. Por ello, las agresiones o asesinatos contra reporteros constituyen una de las formas de violencia más graves destinadas a quebrar la memoria y el criterio de una nación entera.
Simultáneas:
- El caso “El Mayo” redefine la relación de seguridad entre México y Estados Unidos. La condena a cadena perpetua de Ismael “El Mayo” Zambada no sólo representa un hito en la lucha contra el narcotráfico. También está redefiniendo la relación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, al abrir una nueva etapa de cooperación marcada por una mayor presión contra las estructuras financieras y políticas del crimen organizado, pero también por crecientes tensiones sobre soberanía y jurisdicción. Para Washington, el caso confirma que la estrategia ya no se limita a capturar a los líderes de los cárteles. La prioridad ahora es desmantelar el ecosistema que los sostuvo durante décadas: redes de corrupción, operadores financieros, empresas fachada, esquemas de lavado de dinero y funcionarios que facilitaron la expansión del crimen organizado. La DEA ha reiterado que la ofensiva continuará contra quienes protegieron a las organizaciones criminales, mientras el Departamento del Tesoro mantiene investigaciones sobre flujos financieros ilícitos y contrabando de combustibles.
- El desafío para México. El reto para el país consiste en mantener la cooperación sin comprometer la soberanía nacional. El gobierno federal ha insistido en que cualquier acción conjunta debe desarrollarse dentro de los mecanismos de asistencia jurídica, intercambio de inteligencia y respeto al marco legal mexicano. La captura y posterior proceso de Zambada reavivaron el debate sobre la forma en que fue trasladado a Estados Unidos y los límites de la actuación de agencias extranjeras en territorio nacional. Lejos de romper la relación bilateral, el caso parece conducir hacia un modelo más selectivo y sofisticado de cooperación. Ambos gobiernos mantienen interés en compartir inteligencia, fortalecer investigaciones financieras, ejecutar decomisos patrimoniales y combatir el lavado de dinero; sin embargo, cada operación de alto impacto estará sujeta a un mayor escrutinio político y jurídico.
- Follow the money. La seguridad entre ambos países ha dejado de concentrarse únicamente en decomisos de droga o detenciones espectaculares. El nuevo eje es seguir el dinero, identificar las redes empresariales y financieras del crimen organizado y determinar si existieron mecanismos de protección institucional que permitieron su consolidación. Ese cambio convierte la inteligencia financiera y la cooperación judicial en herramientas tan importantes como los operativos policiales. La sentencia de “El Mayo” Zambada cerró uno de los procesos penales más relevantes contra el Cártel de Sinaloa, pero abrió una etapa más compleja para la relación entre México y Estados Unidos: una cooperación más profunda en el combate al crimen organizado, acompañada de mayores exigencias de transparencia, respeto a la soberanía y rendición de cuentas
¡Hasta el próximo lunes!
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