El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez acudió ayer lunes a la audiencia programada en la Corte de Distrito Sur de Nueva York como parte del proceso por la acusación en su contra por presuntos de nexos con "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa (CDS).

En una breve comparecencia que solo duró 15 minutos, el ex secretario de Seguridad de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, compareció ante la jueza Katherine Polk quien dijo que en este caso "hay pruebas abundantes" contra él y los otros 9 exfuncionarios acusados de crimen organizado, por lo que estableció el plazo de 60 días para la revisión de las mismas y fijó el 4 de agosto a las 2:30 de la tarde como la fecha de la próxima audiencia. Pasarán más de dos meses para que se vuelva a presentar en público. Mérida Sánchez apareció encadenado de pies, manos y cintura, con el uniforme penitenciario color kaki. 

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La declaración de la jueza contrasta con los constantes cuestionamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha insistido en que no existen pruebas de los señalamientos en la acusación de la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York.

Gerardo Mérida Sánchez es un general en retiro mexicano y el ex secretario de Seguridad durante el gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024. 

En abril de 2026, fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de recibir sobornos de "Los Chapitos" a cambio de brindarles información sobre redadas en laboratorios clandestinos para que los criminales pudieran mover las drogas de esos sitios. 

La Fiscalía de Estados Unidos identificó que el ex secretario de Seguridad recibía 100 mil dólares mensuales en efectivo de parte de “Los Chapitos” a cambio de no interferir en las operaciones de tráfico de drogas. 

Gerardo Mérida Sánchez también fungió como comandante de la 21 Zona Militar, en Michoacán, además de director de la Escuela Militar de Inteligencia (EMI), dependiente del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea (CEEFA). 

Por los delitos de los que se le señalan, puede pasar entre 40 años y cadena perpetua en prisión. Fue el primero de los 10 acusados en entregarse a las autoridades estadounidenses.