El abogado penalista Edgardo Hernández Contreras solicitó que el rector Alejandro Zermeño Guerra y la abogada general de la la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Urenda Queletzú Navarro Sánchez, se separen de sus cargos en tanto se aclaren los asuntos legales del polémico caso Distrito Santa Fe.

“No puede ser, simplemente no tiene lógica, que el rector de la UASLP esté denunciado por varios injustos penales”, condenó el exdiputado Edgardo Hernández Contreras, en entrevista con El Heraldo de SLP.

Hernández detalló que, más allá de los hechos con apariencia de delito que se les señalan al rector como a otras personas, incluso la abogada general de la Universidad, deben de salir a dar la cara públicamente, pues resulta inapropiado ante la comunidad universitaria, y ante la propia ciudadanía, que la calidad moral del rector de la UASLP esté en tela de juicio.

“La investidura del Rector, no puede estar manchada de acusaciones, no nos imaginamos al Rector acudiendo a comparecer ante el agente del Ministerio Público, aportando pruebas, rindiendo declaraciones, etcétera”, dijo.

Hernández Contreras expuso que, una vez abierta la carpeta de investigación, es obligación de la Fiscalía, continuar con la prosecución e investigación de los hechos señalados, “por lo que respecta al Rector y a todos los demás denunciados, eso no se puede omitir, todos tendrán que acudir ante el agente del Ministerio Público a rendir su declaración, cuantas veces sean citados, quizá lo más apropiado y decente, es que pida licencia el Rector a sus funciones, y se separe del cargo en lo que enfrenta la denuncia penal”.

Hernandez Contreras consideró que, el silencio sepulcral, del secretario general de la Universidad, Federico Garza Herrera, causa muchísimas suspicacias e interrogantes, pues la prensa se ha centrado únicamente en el rector, “pero no podemos olvidar ni dejar de lado, las obligaciones fundamentales del secretario General, quien ya sea por acción u omisión, también es corresponsable de lo que se pueda venir jurídicamente”.

Por último el abogado penalista señaló que, en los estatutos universitarios, la figura del Secretario General, es la de observar y ser garante, precisamente de la legalidad de los procedimientos internos en la que la Universidad forma parte, por lo que debe de estará atento de estos asuntos legales para que se resuelvan de manera positiva, no por los personajes, si no por la comunidad universitaria, y la ciudadanía entera.

Como se recordará, Fabián Espinosa Díaz de León reaccionó a la decisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) de dar por terminado el contrato de arrendamiento con la empresa Distribuidora VEM SA de CV, del predio de 46 mil m² en el que se construiría el Centro Deportivo Santa FE ubicado en Lomas Cuarta Sección, y presentó una denuncia formal por presuntos delitos de extorsión, cohecho, ejercicio abusivo de funciones y asociación delictuosa contra el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra y la abogada general de la misma institución, Urenda Queletzú Navarro Sánchez.

El representante de Distribuidora VEM, también demandó al empresario Miguel Maya Romero director general de Astrolabio Diario Digital, medio de comunicación que reveló el verdadero proyecto que se pretendía llevar a cabo, el cual difiere de lo que se pactó y prometió a la comunidad universitaria.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que recibió del empresario y político Fabián Espinosa Díaz de León, una denuncia en contra de altos funcionarios de la UASLP y el portal noticioso Astrolabio, vinculada a la renta de un predio; la institución educativa dijo que aún no era notificada y acusó que "actores políticos ajenos" buscan crearle desprestigio institucional.

La FGE informó, a través de su vocería, que la carpeta de investigación quedó ya abierta e iniciará las investigaciones. Aunque no abundó en detalles, confirmó que en el despacho de la titular de la Fiscalía fue recibido el escrito presentado por Espinosa Díaz de León, hecho que según la versión del organismo público, motivó la apertura de la carpeta de investigación judicial. 

A diferencia del denunciante, que abunda los términos de su documento y plantea una serie de argumentaciones relacionadas con las presunciones que él hace, la FGE se reservó datos de la carpeta de investigación y únicamente confirmó que ya existe. 

Al respecto, a través de un comunicado de prensa, la oficina de Abogacía General de la UASLP dijo conocer por fuentes mediáticas la denuncia en las que involucraba en ilícitos como extorsión y fraude al rector, Alejandro "N". y a la abogada general, Urenda "N"., titular de la dependencia emisora del boletín.

La UASLP estableció que aún no ha recibido notificación del inicio de la indagatoria, y descalificó los señalamientos del denunciante al señalar que "son falsos y carentes de datos de prueba" y advirtió que "nuestra ahora contraparte, podría incurrir en diverso delito de falsedad de declaraciones ante autoridad".

Lo anterior pese a que líneas más adelante, el boletín señalaba que no litigaría en medios, pues comparecerán y actuarán "por los cauces legales". El texto acusa al demandante de intimidar a la UASLP para que no siga defendiendo su patrimonio inmobiliario e indicó también que con ello, creó un entorno en el que "actores políticos ajenos intenten favorecer un clima de desinformación y desprestigio a la institución y a sus autoridades".