El millonario negocio del huachicol fiscal en México demostró no depender de un solo grupo criminal. La Fiscalía General de la República (FGR) detectó el mayor caso de contrabando de combustible de Estados Unidos a México, ocurrido a mediados de 2025, reporta hoy Reforma a 8 columnas y señala a San Luis Potosí como parte de la ruta y destino de ferrotanques cargados con diésel, gasolina y nafta ligera declarados todos como si transportaran “solución de cloruro de calcio”.

El hallazgo confirma que este delito continuó expandiéndose con total impunidad a través de las aduanas, al mismo tiempo de que ya era perseguida la red de los hermanos Farías, los marinos originalmente vinculados a estas operaciones ilícitas.

De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía de Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, una estructura delictiva altamente organizada logró cruzar de Estados Unidos a México más de 144 millones de litros de combustible en un lapso de solo 52 días.

Esa cifra equivale a:

– Importar ilegalmente 2.7 millones de litros al día.

– Ingresar diariamente 61 pipas tipo “full” (con dos remolques).

– Llenar el tanque a 42 mil autos cada día.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La operación se concentró en la Aduana de Matamoros entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025, utilizando un sofisticado esquema de falsificación documental. Para evadir los controles y el pago de impuestos, la red tramitó 291 pedimentos de importación fraudulentos.

A través de ellos, hicieron pasar mil 366 ferrotanques cargados con diésel, gasolina y nafta ligera declarados todos como si transportaran “solución de cloruro de calcio”.

La FGR señala que los hidrocarburos tenían como destinatarios finales las empresas Ferroservicios y Jumandi Group –esta última recientemente ligada por el Departamento del Tesoro al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)– empleando los servicios de la agencia Servicios Aduanales JR para el papeleo.

Una vez librada la frontera, los hidrocarburos eran transportados en trenes hacia Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí. La red criminal comenzó a desmoronarse el 21 de julio de 2025 tras una denuncia anónima ante la FEMDO. Ese mismo día, un cateo a la agencia aduanal permitió asegurar 17 ferrotanques; 15 de ellos ocultaban más de 1.6 millones de litros de diésel y dos contenían nafta ligera.

Cabe recordar que tras las pesquisas que el gabinete de seguridad inició en aduanas y permitieron el aseguramiento de buques y carrotanques dedicados al trasiego de combustible ilegal, el gobierno federal arrancó labores de investigación contra operadores de ferrotanques, así como funcionarios, militares y personal de la Guardia Nacional que custodian las instalaciones ferroviarias por donde pasan dichos megadepósitos, utilizados para ocultar y movilizar huachicol.

Sólo en lo que va del año destacan cinco operativos en los que han sido asegurados 206 ferrotanques que trasladaban más de 24 millones de litros de combustible ilegal.

Uno de ellos ocurrió en territorio potosino el 17 de julio, elementos de la Secretaría de Seguridad, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron 35 ferrotanques con 4 millones 205 mil 215 litros de diesel. 

El operativo tuvo lugar en el patio ferroviario de una empresa ubicada en el municipio de Vanegas, en San Luis Potosí. Los otros cuatro operativos ocurrieron en Coahuila y Tamaulipas a lo largo del mes de julio pasado. 

A raíz de este golpe, un juez federal ordenó 13 órdenes de aprehensión contra empresarios y funcionarios. A la fecha, siete personas han sido detenidas y procesadas, entre ellas Armando III Riestra Fernández (dueño de la agencia aduanal), verificadores y directivos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), además de los socios de Jumandi Group.

La captura más reciente ocurrió el pasado 12 de junio de 2026, con la deportación desde Estados Unidos de Carlos Eugenio Benítez Orta, subdirector aduanero.

La mayoría de los implicados enfrenta procesos en los penales federales del Altiplano y Morelos por delincuencia organizada y contrabando.

No obstante, las autoridades siguen buscando a seis prófugos clave, incluidos los Tenientes Coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, los dos últimos titulares de la Aduana de Matamoros, cuya gestión coincidió plenamente con el periodo en que el flujo masivo de combustible ilegal inundó las carreteras del país.

Por otro lado, hoy Reporte Índigo se sumó a una serie de medios nacionales como Reforma y ADN 40 que han documentado presuntas irregularidades de uno de los aspirantes a la gubernatura de San Luis Potosí. En el amplio reportaje de hoy a 8 columnas y que incluye 5 páginas completas, este medio que pertenece a Grupo Mac Multimedia denuncia "una presunta red dedicada al lavado de dinero, la defraudación fiscal y la extracción, traslado y comercialización ilícita de hidrocarburos desde instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene en la mira al empresario Gerardo Sánchez Zumaya, aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí que es señalado como presunto líder de una organización que habría utilizado una red de compañías para lavar dinero, defraudar al fisco y ocultar la extracción, transporte y comercialización ilícita de hidrocarburos y productos petroquímicos desde instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex)".

También hoy Reforma dio a conocer que la FGR promovió una demanda de extinción de dominio, para que el gobierno federal se quede en definitiva con un buque tanque asegurado en 2020, por uno de los primeros casos relevantes de presunto tráfico de combustible robado registrados en el sexenio pasado.

Se trata del buque Blue Commander, valuado en 15 millones de dólares, que ha estado anclado en el puerto de Coatzacoalcos desde septiembre de 2020.