El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó la detención de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien el pasado lunes 11 de mayo cruzó la frontera con Arizona y se entregó a los Marshalls. Asimismo, Enrique Díaz Vega, ex secretario de Finanzas de Rubén Rocha Moya, también se habría entregado a las autoridades estadounidenses en Nueva York tras un vuelo desde Europa.

Desde el medio día del viernes 15 de mayo, comienzan a surgir versiones coincidentes sobre el presunto aseguramiento de los dos exfuncionarios incluidos en la acusación federal que Estados Unidos presentó contra diez personajes del entorno político sinaloense.

Ambos buscarían ser 'testigos cooperantes' y luego 'protegidos' a cambio de beneficios en sus respectivos juicios. En el caso de Mérida Sánchez, a través de redes sociales, las autoridades mexicanas detallaron que el exfuncionario ingresó a EU desde Hermosillo, Sonora, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia del Servicio de Marshals.

De acuerdo con los primeros reportes, el político renunció a su derecho a una audiencia de identidad y aceptó ser trasladado al Distrito Sur de Nueva York, donde se integra el expediente principal identificado como "1:23-cr-00180-KPF". Posteriormente, compareció ante el magistrado Eric J. Markovich en una corte federal de Tucson, donde enfrenta cargos por conspiración para importar narcóticos, además de posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

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El General en retiro figura entre los 10 servidores públicos señalados por la administración de Donald Trump, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa (CDS).

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 12 de mayo, el exfuncionario sinaloense enfrenta cargos relacionados con conspiración para el tráfico de drogas y posesión de armas. Además, lo señalan de haber recibido supuestos sobornos de 100 mil dólares mensuales (2 millones de pesos) de la facción de "Los Chapitos".

Según la Oficina Federal de Prisiones (BOP), el ex político de 66 años fue ingresado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, complejo penitenciario donde permanecerá bajo custodia mientras avanzan las diligencias en su contra.

El acusado habría solicitado un intérprete en español, por lo que fue asistido por la Defensoría Pública Federal (IFDP) de Tucson. El caso continúa bajo sello judicial ("sealed"), mecanismo utilizado en investigaciones de alto impacto, por lo que hasta ahora no se han revelado mayores detalles sobre el presunto papel del exfuncionario dentro de la estructura investigada.

Antes de asumir la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, Mérida Sánchez desarrolló una trayectoria dentro de las Fuerzas Armadas, donde ocupó distintos cargos de mando y formación militar.

Entre sus responsabilidades destacó las comandancias de la 21 Zona Militar en Michoacán y de la 25 Zona Militar con base en Puebla, así como la dirección de la Escuela Militar de Inteligencia (EMI), adscrita al Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea (CEEFA).

Actualmente, el exfuncionario permanece recluido en el mismo centro penitenciario de Estados Unidos donde se encuentran Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera y Rafael Caro Quintero, ambos identificados como figuras históricas del narcotráfico mexicano y sujetos a procesos judiciales en territorio estadounidense.

Por otra parte, el exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, se entregó de forma voluntaria a las autoridades de EU en Nueva York. Él también forma parte de los nueve funcionarios y exfuncionarios señalados por Estados Unidos por presuntos nexos con el narco, junto a Rocha Moya, quien pidió licencia para dejar el cargo mientras las investigaciones sobre el caso por parte de las autoridades mexicanas siguen su curso.

Como secretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega manejó los dineros dentro del Gobierno de Sinaloa durante los primeros meses del sexenio de Rocha Moya. Licenciado en Contabilidad y con más experiencia en el sector privado, principalmente en el inmobiliario, saltó al servicio público cuando el morenista lo invitó a su gabinete. Dejó el cargo apenas en septiembre de 2024, cuando todavía no cumplía los dos años en el puesto.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga las cuentas bancarias pertenecientes al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sus hijos Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz, así como el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros 8 implicados que son acusados por narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa y otros nueve funcionarios serían bloqueadas a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR). La Unidad UIF es la instancia tiene en la mira a los hijos del ex mandatario estatal.

En el Capítulo 2 del reportaje titulado "La Banda Sinaloense del Gobernador Rocha Moya", periodistas de XPFM en Miami, Florida, consignaron que "con un entramado empresarial bien definido, los hijos del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (Morena), no sólo son beneficiados de manera directa e indirecta con contratos oficiales, sino que evaden impuestos con prácticas que le han costado al fisco mexicano al menos 87 millones de pesos".

Conforme al Acuerdo 156/2026 emitido por la UIF el pasado 6 de Mayo de 2026 al sector financiero a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), esta medida implica la suspensión total de cualquier operación bancaria y el congelamiento de sus activos dentro del sistema financiero mexicano en caso de encontrar movimientos financieros irregulares.

Fuentes de seguridad confirmaron a Proceso que el bloqueo de cuentas bancarias de Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otros implicados en la acusación por la que Estados Unidos busca su extradición, forma parte de las diligencias de investigación de la FGR. Es decir, fueron solicitadas por el ministerio público federal.