Autoridades financieras de EE.UU y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan las cuentas bancarias pertenecientes al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sus hijos Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz, así como el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros 8 implicados que son acusados por narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

La presidenta Claudia Sheinbaum nuevamente pidió 'pruebas', dijo desconocer las acciones de la UIF, pidió que le informe, aclaró que dicha instancia es 'técnica' sin ningún trasfondo político y procede cuando detecta algo anómalo en el sistema financiero.

En el Capítulo 2 del reportaje titulado "La Banda Sinaloense del Gobernador Rocha Moya", periodistas de XPFM en Miami, Florida, consignaron que "con un entramado empresarial bien definido, los hijos del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (Morena), no sólo son beneficiados de manera directa e indirecta con contratos oficiales, sino que evaden impuestos con prácticas que le han costado al fisco mexicano al menos 87 millones de pesos".

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La investigación periodística de XPECTRO FM descubrió que de forma sistemática "la principal empresa de los hijos del mandatario, Constructora Chocosa SA de CV, cancela facturas, previamente pagadas, emitidas a empresas a las que otorgaron servicios de proveeduría. Compañías que ganaron licitaciones o recibieron asignaciones directas del Gobierno de Sinaloa.

Además, los nombres de los dos hijos del mandatario aparecen vinculados con dos empresas señaladas por autoridades de posible tráfico de hidrocarburos y una investigada por su relación con grupos delincuenciales en supuesto lavado de dinero. Un hecho que no es aislado, sobre todo cuando la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, anunció este lunes sanciones a ocho personas y doce empresas por tener nexos con la fracción de Los Chapitos, entre ellos una compañía que fue beneficiada con contratos por el Gobierno de Sinaloa".

Conforme al Acuerdo 156/2026 emitido por la UIF el pasado 6 de Mayo de 2026 al sector financiero a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), esta medida implica la suspensión total de cualquier operación bancaria y el congelamiento de sus activos dentro del sistema financiero mexicano en caso de encontrar movimientos financieros irregulares.

Esta es una plataforma oficial donde le notifican a los oficiales de cumplimiento de todas las financieras sobre las personas bloqueadas. A partir de que aparecen en esta lista, las financieras tienen 10 días hábiles para bloquear las cuentas y suspender toda actividad con esas personas. 

El inicio del proceso para el bloqueo financiero ocurre en medio de una creciente presión de autoridades de Estados Unidos, luego de que fiscales federales en una Corte de Nueva York solicitaran órdenes de detención con fines de extradición contra varios de los implicados señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico y operaciones de protección a “Los Chapitos”.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó la detención de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien el pasado lunes 11 de mayo cruzó la frontera con Arizona y se entregó a los Marshalls. Asimismo, Enrique Díaz Vega, ex secretario de Finanzas de Rubén Rocha Moya, también se habría entregado a las autoridades estadounidenses en Nueva York tras un vuelo desde Europa.

Desde el medio día del viernes 15 de mayo, comienzan a surgir versiones coincidentes sobre el presunto aseguramiento de los dos exfuncionarios incluidos en la acusación federal que Estados Unidos presentó contra diez personajes del entorno político sinaloense.

De acuerdo con las acusaciones presentadas en territorio estadounidense, las investigaciones apuntan a una presunta red de protección política, financiera y policial que habría permitido la operación del grupo criminal en Sinaloa, incluyendo el tráfico de drogas hacia territorio norteamericano y el uso de estructuras gubernamentales para encubrir actividades ilícitas.

La medida persigue el objetivo de filtrar y bloquear cuentas, clientes y movimientos sospechosos y busca adelantarse y blindar a las entidades ante posibles banderas rojas, luego de que un señalamiento de blanqueo de capitales de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) contra dos bancos y una casa de bolsa resultara en su intempestiva liquidación el año pasado.

El portal EMMEEQUIS informó la notificación de la UIF a bancos para el bloqueo de cuentas a Rocha Moya y Enrique Inzunza. (Imagen elaborada con IA en Gemini. Los documentos son originales y oficiales)

El Gobierno de México no ha confirmado públicamente la ejecución de órdenes de captura contra los señalados, aunque sí permitió el avance de medidas financieras como el inicio del congelamiento de cuentas a través de la UIF y la CNBV en caso de detectar irregularidades financieras.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que cualquier procedimiento relacionado con extradiciones deberá apegarse a los mecanismos legales y a los tratados de cooperación bilateral vigentes entre ambos países, mientras las investigaciones continúan tanto en México como en Estados Unidos.