El expresidente Felipe Calderón acusó que la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, evidencia una justicia “discriminatoria y selectiva”, al señalar que las autoridades no actúan contra funcionarios de Morena señalados por presuntos vínculos con organizaciones criminales, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó ese señalamiento al afirmar que “es falso que haya un asunto político aquí” y que el caso “es derivado de una investigación que tiene un año”.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Calderón expresó su solidaridad con Ruffo Appel, detenido ayer jueves por su presunta relación con operaciones de contrabando de combustible, y sostuvo que la aplicación de la justicia depende de la filiación política de las personas involucradas.

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“Independientemente de lo que se deslinde en el caso de Ernesto Ruffo Appel, se demuestra una justicia discriminatoria, selectiva. Tienen enfrente una lista de funcionarios de Morena acusados de narcotráfico y alianzas criminales con sicarios y asesinos, que además usaron para robarse su elección. Y no los tocan, los protegen”, escribió el expresidente.

Calderón agregó que, a su consideración, existe un trato diferenciado en la aplicación de la ley y señaló: “Como Porfirio Díaz: a los amigos, justicia y gracia, a los enemigos, la ley a secas”. También manifestó su “solidaridad” con Ruffo Appel “más allá de ofensas recibidas”.

El mensaje generó cuestionamientos debido a una publicación realizada por Calderón en octubre de 2017, cuando compartió en X el título de un artículo del periodista Jorge Fernández Menéndez en el que se señalaba al entonces exgobernador y a su hermano Claudio Ruffo de presuntos vínculos con el Cártel de los Arellano Félix.

En aquella ocasión, Calderón difundió el título del texto: “RUFFO dilapidó esa gubernatura, él y especialmente su hermano Claudio entregaron BC a los Arellano”.

Durante su conferencia matutina de este viernes en Tulum, Quitana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum proyectó el video explicativo de las acciones emitido por la Fiscalía General de la República (FGR), rechazó el señalamiento de Calderón sobre una supuesta justicia selectiva y afirmó que la investigación contra Ruffo Appel corresponde a una indagatoria relacionada con presunto contrabando de combustible.

La Fiscal General, Ernestina Godoy dio a conocer la desarticulación de la más grande red de contrabando de combustible procedente de Estados Unidos y su distribución ilegal en el país que involucra a más de 200 personas, incluyendo a empresarios y exfuncionarios. La investigación abarca varios estados, entre ellos San Luis Potosí (SLP) e implica una evasión fiscal de 4 mil millones de pesos.

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Sheinbaum recordó que Calderónhabía realizado publicaciones en 2017 contra Ruffo Appel, en las que lo acusaba de presuntos vínculos con una organización delictiva, y contrastó esos mensajes con el respaldo que expresó ahora tras su detención y señaló que la FGR inició una investigación después de que fueron encontrados tanques de ferrocarril en Coahuila que, de acuerdo con la indagatoria, habrían ingresado combustible sin reportarlo como tal para evitar el pago de impuestos.

Explicó que el caso está relacionado con contrabando de combustible y detalló que la investigación involucra la importación y distribución de hidrocarburos mediante una red en la que participarían agentes aduanales, una empresa importadora y distribuidores.

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La presidenta indicó que, de acuerdo con la información presentada por la Fiscalía, el exgobernador es socio mayoritario de la empresa señalada en la investigación, por lo que deberá presentar ante las autoridades los elementos que considere necesarios para demostrar su inocencia.

“Es falso que haya un asunto político aquí”, afirmó Sheinbaum, al señalar que la detención fue resultado de una investigación que comenzó hace aproximadamente un año y que las órdenes de aprehensión fueron emitidas por un juez. La mandataria sostuvo que corresponde a la FGR actuar con imparcialidad y que el Poder Judicial deberá determinar la situación jurídica del exgobernador conforme a las pruebas presentadas.