Los 23 gobernadores de la 4T, tanto de Morena como su aliado del Partido Verde, José Ricardo Gallardo Cardona de San Luis Potosí, manifestaron su rechazo a la reincoporación de Rubén Rocha Moya al frente del Ejecutivo estatal en Sinaloa: “En la Cuarta Transformación, las decisiones individuales jamás estarán por encima del proyecto colectivo ni del mandato ciudadano”, dice un comunicado firmado por los mandatarios estatales.

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázares, también ha confirmado que regresará a sus actividades presenciales en el Senado de la República a partir del 30 de agosto, tras ser formalmente convocado para el próximo periodo de sesiones. A pesar de los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo vinculan con el narcotráfico, el legislador sinaloense descartó solicitar licencia a su cargo, calificando las acusaciones de "falsos, dolosos e infames". 

Fue el 22 de abril del paño en curso cuando Fiscales de Estados Unidos acusaron al gobernador sinaloense, al senador Inzunza, más otros 8 funcionarios de su gabinete y exfuncionarios de participar en una amplia conspiración para ayudar al Cártel de Sinaloa (CDS) a importar drogas a Estados Unidos a cambio de sobornos y votos.

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En el acta de imputación, los fiscales de Manhattan dijeron que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, había aceptado sobornos y ayuda para ser elegido a cambio de proteger a la organización criminal dominante en su estado, CDS, que durante años ha aterrorizado a sus electores.

Los fiscales alegaron que otros funcionarios y exfuncionarios mexicanos —entre ellos el senador mexicano Enrique Inzunza Cázarez -que reapareció en Palacio de Gobierno de Sinaloa para sostener un encuentro privado con Rocha Moya-, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil- también habían aceptado sobornos para proteger a miembros de dicha organización criminal  de las detenciones y les habían facilitado información.

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El posicionamiento de los gobernadores de la 4T se suma a las críticas generalizadas por el extraño retorno del polémico mandatario sinaloense tras 112 días de licencia por investigaciones de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa (CDS) y la facción de "Los Chapitos".  

“Hacemos un llamado al Dr. Ruben Rocha Moya a la madurez y la responsabilidad. La política es un ejercicio de congruencia; la desmesura y las decisiones de facción atentan contra los principios de honestidad y lealtad que juramos defender”, agrega el comunicado.

Al posicionamiento de los mandatarios estatales de la 4T se sumó el del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, que se deslindó de la decisión de Rocha Moya. En un comunicado, el grupo parlamentario de Morena en San Lázaro exhortó al gobernador sinaloense a pedir licencia para que la FGR pueda continuar con las investigaciones.

“Respetuosamente exhortamos al gobernador Rubén Rocha Moya a reconsiderar su decisión, a fin de que la Fiscalía General de la República (FGR) y las demás autoridades competentes puedan continuar, y en su caso, concluir las investigaciones correspondientes con plena autonomía”, dice el comunicado.

En mayo pasado, la FGR informó que había abierto carpetas de investigación sobre 10 personas, entre ellas el gobernador, que incluidas en las acusaciones hechas por las autoridades estadounidenses.

En un comunicado, Rocha Moya negó las acusaciones, que calificó que “carecen de veracidad y fundamento alguno”, y dijo que eran un intento de Estados Unidos de violar la soberanía de México y atacar a su movimiento político de izquierda, dirigido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, calificó la decisión de Rubén Rocha que ha generado un cisma como un tema personalísimo y lo invitó a reconsiderar su decisión: “Espero que el gobernador Rocha, a quien yo estimo, pueda reconsiderar su decisión y pueda solicitar licencia”, dijo.

Por la mañana, la Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que la decisión de Rocha Moya de volver a su puesto tras pasar tres meses con licencia fue estríctamente personal: “Corresponde a la Fiscalía General de la República, en el ámbito de sus atribuciones y de acuerdo con el avance de las investigaciones, proporcionar la información adicional que considere pertinente”, sostuvo la dependencia.

El contexto para el oficialismo se complica. Aunado a la decisión de Rocha Moya de retomar su gubernatura en un claro desafío a la justicia estadounidense, la ola de críticas que provocó no cesan. A esto se suman el retiro de la Visa de EU al hijo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la respuesta de Landau, nuevos audios de Latinus que presuntamente vinculan a "Andy" López Beltrán con al CJNG y el Episodio 108 del podcast Narcosistema de Anabel Hernández que revela que el mismo AMLO presuntamente se reunió en persona con Sergio Villarreal Barragán, alias "El Grande", durante la campaña presidencial de 2006. Según el testimonio que el propio exintegrante de la cúpula CDS le dio a la reportera, tras recibir dinero en efectivo de la organización criminal, el político tabasqueño le respondió formalmente: "¡A sus órdenes!". "Y les cumplió", así comenzó la política de 'Abrazos y no Balazos'", comentó Hernández destacando que esta entrevista exclusiva con el capo es un hito.

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Este nuevo podcast forma parte del libro más reciente de Anabel Hernández que se titula "Narcocracia. El Grande revela cómo los cárteles conquistaron México". En esta obra, publicada por la editorial Penguin Random House, la autora expone la profunda infiltración del crimen organizado en las estructuras del Estado mexicano a lo largo de seis sexenios.

Detalles clave de la revelación en el libro de Anabel Hernández:

• Adelanto editorial: Esta confesión forma parte de Narcocracia, el nuevo libro de la periodista editado por Penguin Random House. El libro se basa en los relatos sin censura de Sergio Villarreal Barragán, alias "El Grande", un antiguo lugarteniente del Cártel de los Beltrán Leyva que era parte del CDS y testigo protegido en Estados Unidos.
• El encuentro: "El Grande" afirma que la reunión fue directa y presencial en el año 2006.
• La entrega: El exoperador del CDS asegura haberle entregado a AMLO personalmente portafolios con dinero en efectivo para financiar su campaña electoral. 
• Declaraciones previas: Esta versión complementa los expedientes en los que el capo ya había testificado ante la PGR y la DEA sobre los presuntos financiamientos ilícitos.
• Complicidad institucional: Detalla cómo operaban las redes de corrupción que permitieron a capos de la droga asociarse con políticos de alto nivel, empresarios y autoridades de seguridad para conquistar el país. 
• Impacto en el sistema: El trabajo revela reuniones, llamadas telefónicas y pactos entre generales del Ejército, funcionarios públicos y jefes de la droga a lo largo de tres décadas.

En ocasiones anteriores ante acusaciones de la misma índole realizadas por la autora, López Obrador ha calificado consistentemente este tipo de señalamientos como "calumnias y falsedades" sin fundamentos probatorios.